Un juez federal bloquea orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento en EE.UU

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Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción temporal que impide la implementación de una orden ejecutiva reciente emitida por el exmandatario Donald Trump. Esta medida buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, provocando una fuerte controversia y una amplia oposición por parte de organizaciones de derechos civiles, fiscales generales y varios estados dirigidos por demócratas.

Aspectos de la orden ejecutiva

La medida ejecutiva intentaba impedir que los hijos de individuos sin documentación o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense adquirieran automáticamente la ciudadanía, a menos que al menos uno de los progenitores fuera ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal. Esta política, denominada «Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba frontalmente la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución, que asegura la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Bases constitucionales

La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde habitan». Este principio ha sido ratificado en veredictos anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que validó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de inmigrantes.

La medida ejecutiva fue de inmediato calificada como inconstitucional por varios colectivos, entre ellos 22 fiscales generales estatales y diversas organizaciones de derechos civiles, quienes sostuvieron que el presidente carece de autoridad para modificar o revocar una enmienda constitucional.

Primer fallo judicial

El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como «abiertamente inconstitucional». La querella presentada en Seattle fue promovida por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, quienes afirman que la orden infringe derechos esenciales y podría tener un impacto considerable en las jurisdicciones locales, como la pérdida de financiación federal para programas infantiles.

Asimismo, un grupo de 18 estados interpuso una demanda similar en Massachusetts, alegando que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos indebidos a las comunidades afectadas.

Trasfondo histórico y legal

Contexto histórico y legal

Aunque durante su primer mandato Trump había advertido con adoptar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva marca el primer intento formal de reducir este principio a través de una acción directa del Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.

Aunque durante su primer mandato Trump había amenazado con tomar medidas para restringir este derecho, nunca las implementó. La reciente orden ejecutiva representa el primer intento formal de limitar este principio mediante una acción directa desde el Ejecutivo, generando una oleada de respuestas legales y políticas.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento

Los partidarios de las políticas restrictivas de inmigración argumentan que la ciudadanía por nacimiento incentiva el «turismo de natalidad» y la inmigración irregular, sugiriendo que muchas mujeres embarazadas cruzan la frontera con el objetivo de que sus hijos nazcan en Estados Unidos y obtengan automáticamente la ciudadanía. Sin embargo, expertos constitucionales y juristas han señalado que cualquier cambio en este principio requeriría una enmienda constitucional o una decisión del Tribunal Supremo, y no puede ser implementado unilateralmente por el presidente mediante una orden ejecutiva.

Implicaciones futuras

El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.

La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.

By Carlos Jesús Chirinos

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