Desde marzo de 2025, las compañías en España han comenzado a realizar deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los sueldos de los empleados que ganan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este ajuste ocurre tras el aumento del SMI a 16.576 euros por año en 14 mensualidades (1.184 euros al mes), aprobado a mediados de febrero con efecto retroactivo desde enero. Diferente a incrementos previos, esta subida no fue acompañada de una actualización del mínimo exento de IRPF, que sigue siendo de 15.876 euros anuales, lo que significa que, por primera vez, quienes reciben el SMI están sujetos a deducciones impositivas.
Ejecución de las deducciones
Las compañías funcionan como mediadoras entre los empleados y la Agencia Tributaria, teniendo la obligación de aplicar deducciones de IRPF una vez se alcanzan determinados niveles salariales. Estas deducciones son anticipos que el empleador resta del sueldo para depositarlos en Hacienda, facilitando que el impuesto se obtenga de manera escalonada y regular. Por lo general, las grandes corporaciones efectúan estas deducciones cada mes, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) las realizan cada trimestre.
Las empresas actúan como intermediarias entre los trabajadores y la Agencia Tributaria, estando obligadas a practicar retenciones de IRPF a partir de ciertos umbrales salariales. Estas retenciones son pagos a cuenta que el empleador descuenta del salario para ingresarlos en Hacienda, permitiendo que el impuesto se recaude de forma progresiva y periódica. Generalmente, las grandes empresas realizan estas retenciones mensualmente, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) lo hacen trimestralmente.
Repercusión en los empleados
El incremento del SMI ha favorecido a alrededor de 2,5 millones de empleados en España. No obstante, dado que la mayoría puede beneficiarse de las deducciones contempladas en el impuesto por sus circunstancias personales y familiares, las retenciones impactan aproximadamente al 20% de quienes perciben este salario, es decir, cerca de 540.000 contribuyentes solteros y sin hijos. En esta situación, han empezado a tributar por los 700 euros que distancian el mínimo exento actual del nuevo salario mínimo.
Para estos empleados, la deducción anual es de cerca de 300 euros, lo que representa un tipo de retención del 1,81%. Esto se refleja en una reducción de unos 21 euros por cada una de las 14 nóminas. Aunque la cifra pueda parecer baja, significa que el IRPF consumirá el 42% del incremento salarial.
Para estos trabajadores, la retención anual es de aproximadamente 300 euros, lo que equivale a un tipo de retención del 1,81%. Esto se traduce en una deducción de alrededor de 21 euros por cada una de las 14 pagas. Aunque la cantidad puede parecer reducida, implica que el IRPF absorberá el 42% de la subida salarial.
Discusión política y social
La implementación del IRPF en los salarios más bajos ha causado divisiones en el Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó que no sabía que el aumento del SMI llevaría a esta situación hasta que lo vio en los medios, lo cual ha sido negado por el ala socialista del Gobierno. En contraparte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó a Díaz acusándola de adoptar discursos populistas al argumentar que las rentas más bajas deberían quedar exentas del impuesto.
Esta medida ha generado críticas y debates en los entornos político y social. Algunos sostienen que esta decisión perjudica a los trabajadores con ingresos más bajos, disminuyendo el impacto positivo del aumento del SMI. Otros defienden la importancia de fomentar una cultura de responsabilidad fiscal, donde todos los ciudadanos contribuyan al financiamiento de los servicios públicos de acuerdo con sus ingresos.
Esta decisión ha sido objeto de críticas y debates en el ámbito político y social. Algunos argumentan que la medida afecta negativamente a los trabajadores con menores ingresos, reduciendo el impacto positivo de la subida del SMI. Otros defienden la necesidad de mantener una cultura de responsabilidad fiscal, donde todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos en función de sus ingresos.
Consideraciones finales
La implementación de retenciones de IRPF a los perceptores del SMI marca un cambio significativo en la política fiscal española. Si bien la medida busca mantener la equidad y la sostenibilidad del sistema tributario, es esencial evaluar su impacto en los trabajadores de menores ingresos y considerar posibles ajustes que mitiguen efectos adversos. El equilibrio entre una política fiscal justa y el bienestar de los ciudadanos continúa siendo un desafío para las autoridades.