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La reforma de la autonomía regional diferenciada es un dolor de cabeza para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A la fuerte resistencia de la izquierda se suman también las críticas de los obispos, que consideran la ley “un peligro mortal” porque podría dividir el país en un norte rico y un sur marginado. Esta ley, aprobada en junio, sólo otorga autonomía a las regiones que la soliciten al Estado para gestionar hasta 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
La ley impulsada por La Liga fue aceptada por Meloni para aumentar su poder, aunque no era su preferencia. Esto ha dificultado la explicación a los votantes de las distintas autonomías. Además, su socio de gobierno Antonio Tajani, jefe de Forza Italia, mantuvo la postura de que la reforma debe contener condiciones.
Forza Italia ha logrado incluir la aprobación de los Niveles Esenciales de Desempeño (LEP), que garantizan estándares mínimos para los servicios públicos en todo el país. El partido cree que la LEP no debería vincularse a una autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir las fuertes disparidades regionales. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur está en contra de esta autonomía.
En respuesta, el partido de centro izquierda está promoviendo un referéndum para derogar la ley, lo que requeriría la recogida de 500.000 firmas. La situación se complica por el rechazo de la Iglesia, que ha expresado su preocupación por el surgimiento de “dos Italias”. Mons. Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió del riesgo de un “salvaje Oeste” en las regiones más pobres si se aplica esta reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también subrayó la importancia de mantener la solidaridad entre regiones y subrayó que la unidad de la República debe primar sobre la división.
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