El líder del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no será expulsado de la organización política, al menos por ahora, aunque su Código Ético exige pedir la baja voluntaria cuando hay un auto de apertura de juicio oral contra un miembro. Si esta regla no se sigue, el reglamento prevé la suspensión temporal de la afiliación y, eventualmente, la expulsión. No obstante, la agrupación ha optado por posponer cualquier acción hasta que se resuelvan los recursos pendientes en relación con el asunto.
Acusaciones contra Gallardo emergen de una pesquisa sobre la contratación del familiar del líder del Ejecutivo en la Diputación de Badajoz, un asunto relacionado con supuestos delitos de corrupción y abuso de poder. El Ministerio Público ha apelado la decisión de abrir juicio oral, señalando diferencias con los argumentos de la magistrada a cargo. Esta apelación, junto con otros procesos judiciales, podría cambiar el rumbo del caso, llegando incluso al cierre definitivo de las acusaciones.
El grupo político se apoya igualmente en una alteración reciente de sus Normas, ratificada en el Congreso Federal más reciente. Esta modificación posibilita excepciones en la ejecución del Código Ético cuando se estima que los procesos judiciales persiguen objetivos políticos. Conforme a la disposición transitoria número seis de las Normas, aquellos involucrados pueden pedir que cualquier medida disciplinaria se aplace hasta que haya un fallo definitivo. Este reglamento ha funcionado como fundamento para que Gallardo mantenga su posición tanto en su responsabilidad pública como en su función dentro del grupo, mientras sigue con su defensa legal.
El Código Ético del partido establece que los afiliados deben ser suspendidos automáticamente cuando se dicta un auto de apertura de juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. En términos legales, dicho auto se emite cuando el juzgado encuentra suficientes indicios de delito y alguna acusación formaliza la solicitud de juicio. Aunque el auto de apertura de juicio oral no es recurrible, el auto previo que lo sustenta sí lo es. En este caso, la Fiscalía y otras partes han presentado recursos que podrían derivar en el archivo de la causa, lo que reforzaría la posición de Gallardo.
El caso ha provocado fricciones dentro del partido. Gallardo, quien tomó el mando en Extremadura en 2024, no siempre ha estado en sintonía con la dirección nacional. Su actitud crítica frente a ciertas políticas, como la amnistía, ha creado diferencias con la cúpula del partido, que lo considera un líder complicado. Estas fricciones se intensificaron después de que fue imputado por supuesta malversación de fondos públicos, un hecho que algunos vieron como una chance para deslegitimarlo políticamente. A pesar de estos desafíos internamente, Gallardo consiguió reafirmar su liderazgo en las primarias con un fuerte apoyo.
Por otro lado, el caso en cuestión tiene un trasfondo político evidente para el partido. Las acusaciones iniciales fueron impulsadas por organizaciones judiciales y políticas que históricamente han criticado a la formación. Entre las entidades personadas en el caso se encuentran colectivos conservadores y partidos de la oposición, quienes han aprovechado la situación para cuestionar la integridad del secretario general extremeño.
